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Reportes 2010

Trata de personas

EL SALVADOR (Nivel 2)

El Salvador es país de origen, de tránsito y de destino de mujeres y niños sujetos a la trata de personas, específicamente para la prostitución y el trabajo forzosos. La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas salvadoreñas de las zonas rurales que son forzadas a la explotación sexual con fines comerciales en zonas urbanas, si bien algunos adultos y menores son sometidos al trabajo forzoso como trabajadores agrícolas y domésticos. La mayoría de las víctimas extranjeras son mujeres y niños de países vecinos, como Honduras, Nicaragua y la República Dominicana, que emigran a El Salvador en respuesta a ofertas de empleo, pero posteriormente se ven forzados a la prostitución o a la servidumbre doméstica. Los tratantes utilizan documentos fraudulentos para facilitar el desplazamiento de víctimas extranjeras. Ha habido salvadoreños sometidos a la prostitución forzada en Guatemala, México, Belice, los Estados Unidos, España e Italia.

El Gobierno de El Salvador no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; no obstante, está realizando considerables esfuerzos para hacerlo. Durante el período del informe, el gobierno realizó esfuerzos sostenidos de aplicación de la ley contra la trata y siguió proporcionando servicios a menores que fueron objeto de la trata para fines de explotación sexual. No investigó en forma enérgica ni enjuició por los incidentes de trabajo forzoso, ni tampoco tomó las medidas pertinentes para asegurar que los adultos víctimas de la trata obtuvieran acceso a los servicios necesarios.

Recomendaciones para El Salvador

Fortalecer los esfuerzos de aplicación de la ley contra los tratantes; investigar y enjuiciar los casos de trabajo forzoso y servidumbre doméstica involuntaria; seguir esforzándose por investigar, condenar y sentenciar a los funcionarios públicos que se dediquen a la trata de personas; fortalecer las penas impuestas por ley por los delitos de trata de personas; aumentar los servicios y la asistencia para las víctimas, en especial los adultos; mejorar los mecanismos para reconocer a las víctimas entre los sectores vulnerables de la población; y concientizar más al público sobre la trata de personas, posiblemente en asociación con la sociedad civil, los medios de difusión y el sector privado.

Enjuiciamiento

Durante el período del informe, el Gobierno de El Salvador realizó esfuerzos sostenidos en cuanto a la aplicación de la ley contra los tratantes. El Artículo 367B del Código Penal salvadoreño prohíbe todas las formas de trata de seres humanos y prescribe penas de cuatro a ocho años de prisión. Se pueden alargar las sentencias en un tercio cuando el delito va acompañado de circunstancias agravantes. Por ejemplo, cuando se trata de un delito cometido contra un menor o cuando el acusado es  funcionario público. Esas penas son suficientemente estrictas pero no conmensurables con las que se prescriben para los delitos graves como el de violación, el cual conlleva una pena de seis a 20 años de prisión. Desde la aprobación de la ley contra la trata de personas en El Salvador, en 2004, algunos fiscales prefieren enjuiciar los delitos relacionados con la trata de personas en virtud de la ley sobre violaciones a fin de obtener sentencias obligatorias más fuertes contra los que cometen este delito. En 2009, la policía y las unidades de enjuiciamiento gubernamentales dedicadas a combatir la trata investigaron 70 casos de esa índole, enjuiciaron siete de ellos y obtuvieron siete condenas con sentencias impuestas que van desde cuatro hasta 10 años de prisión. Si bien el gobierno consiguió un número de condenas igual al del año anterior, enjuiciaron menos casos que en 2008, cuando los fiscales interpusieron acciones en 15 casos de trata de personas. Los esfuerzos de aplicación de la ley se concentraron principalmente en la trata para fines sexuales. El gobierno formó alianzas con gobiernos vecinos para la realización de investigaciones conjuntas contra la trata. Durante el período del informe, el gobierno investigó a tres funcionarios públicos por delitos relacionados con la trata, incluso al ex coordinador de actividades contra la trata de la Procuraduría General; todavía no se han presentado los cargos. Junto con una ONG, algunos funcionarios públicos redactaron y distribuyeron normas para los jueces y fiscales en lo penal sobre los procedimientos para los casos de trata de personas.

Protección

El gobierno salvadoreño ofreció cierta ayuda a las víctimas durante el año transcurrido. Los funcionarios de inmigración aplicaron medidas para detectar posibles víctimas de la trata en las regiones fronterizas, notificaron de ello a la policía y enviaron a las víctimas a establecimientos de asistencia; no obstante, en general, el gobierno salvadoreño no realizó actividades por iniciativa propia encaminadas a reconocer a las víctimas de la trata entre otros sectores vulnerables de la población, como las mujeres prostituidas o los obreros menores de edad. El gobierno mantuvo un refugio para las niñas que habían sido víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual; este refugio ofreció a las víctimas atención psicológica y médica. La mayor parte de la asistencia y los servicios del gobierno se dirigieron a los menores víctimas de la trata y no fueron accesibles a adultos ni varones víctimas de la trata, si bien el gobierno mantuvo un refugio para mujeres en el que se atendió al menos a una víctima de la trata y proporcionó servicios jurídicos y médicos a algunas víctimas adultas. A los adultos víctimas de la trata también se les remitió a un refugio del gobierno para extranjeros indocumentados. Algunas ONG y organismos internacionales proporcionaros otros servicios. Las autoridades reconocieron a 51 víctimas de la trata de personas en 2009; todas eran niñas, salvo tres de ellas, y todas, menos una, fueron sometidas a la prostitución forzosa. El gobierno ofreció capacitación a funcionarios, incluidos los de oficinas consulares, sobre cómo reconocer a los salvadoreños víctimas de la trata en el extranjero; los funcionarios consulares reconocieron a 21 víctimas de la trata durante el período del informe. A nivel nacional, las autoridades salvadoreñas instaron a las víctimas reconocidas a que ayudaran en los esfuerzos de aplicación de la ley. Durante el período del informe, 55 víctimas participaron en las investigaciones o los enjuiciamientos de sus tratantes, si bien otras prefirieron no colaborar debido al estigma social o por temor a represalias de parte de esos delincuentes. Por lo general, a las víctimas no se les acusó, no se les apresó ni se les impusieron penas por los hechos delictivos cometidos como resultado directo de haber sido objeto de la trata; sin embargo, no todos los funcionarios gubernamentales reconocieron los casos de prostitución o trabajo forzoso como casos de trata de personas. Los funcionarios del orden y de servicios sociales pueden solicitar que se otorgue la categoría de residente a una víctima, considerando cada caso por separado, si bien no notificaron de ninguna víctima de la trata que solicitara esta categoría en el año transcurrido.

Prevención

Durante el período del informe, el gobierno salvadoreño realizó esfuerzos de prevención de la trata de personas. El gobierno formó alianzas, o continuó otras ya establecidas, con ONG, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros sobre iniciativas para combatir la trata de personas. En mayo de 2009, el gobierno colaboró con una ONG para lanzar una campaña destinada específicamente a una mayor concientización de la explotación sexual de menores con fines comerciales; la campaña llegó a unos 4.500 niños y adultos. El gobierno incluyó información contra la trata en la capacitación que otorga a las fuerzas militares antes de ser enviadas a misiones internacionales de mantenimiento de la paz. Durante el año transcurrido no se informó de esfuerzos específicos del gobierno para reducir la demanda de actos sexuales con fines comerciales ni de trabajos forzosos.